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Increíble pero real

Digámosle no al sinsentido

[Tiempo de lectura: 7 minutos]

Ya pasaron diez años desde que la promulgación de la Ley USA PATRIOT puso en evidencia a las instituciones financieras y sus programas de cumplimiento de prevención del blanqueo de capitales y del terrorismo, cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario y otras obligaciones de cumplimiento.

Durante este tiempo mucho se ha escrito acerca de las normas y reglamentos que aplican o no a uno u otro tipo de organización, las amenazas reales o percibidas del incumplimiento y las docenas de casos en que instituciones financieras han incumplido con las normas y sufrido las consecuencias.  En el caso de los negocios de servicios monetarios (NSMs), también se ha escrito bastante sobre las dificultades que han tenido y continúan teniendo en la obtención y mantenimiento de cuentas bancarias.  Sin embargo, los oficiales de cumplimiento han escrito poco acerca de cómo se ve el mundo desde dentro de sus organizaciones.  Lo cual podríamos decir que es comprensible, dado que puede considerarse inapropiado o, quien sienta temor por posibles consecuencias adversas que pudiera sufrir, incluso simplemente tonto.

No estoy de acuerdo con esto último.  Creo que la mejor manera de comprender cabalmente y resolver los problemas es sacarlos a luz, con respeto y tanta objetividad como sea posible, por supuesto.  Esa es mi intención con este blog.

En esta oportunidad, quiero hablar de las agencias estaduales que reglamentan a las remesadoras de dinero en Estados Unidos y algunas de sus prácticas.  Creo firmemente en la regulación (sobre todo, en la auto-regulación) y aún más en hacerlas cumplir de manera sensata y justa y en el siempre esquivo enfoque basado en el riesgo.  Desde hace años me pregunto cuándo (si es que alguna vez será posible) aplicar el enfoque basado en el riesgo en Estados Unidos (y aún menos, en el resto de América).  ¿Por qué soy tan escéptico?  Por muchas razones, entre las que se encuentra la que se hará evidente al leer la siguiente carta, que refleja un incidente real:

Estimado Sr. Regulador:

Le escribo para expresarle mi perplejidad ante algo que simplemente no tiene sentido para nosotros.  Como bien sabe, la Srta. Auditora nos escribió recientemente para comunicarnos que había programado una auditoría de nuestra empresa para la semana anterior a la Navidad. 

Por las razones que describo debajo, le solicitamos que tuviera la gentileza de realizar la auditoría a la distancia, como otros estados licenciantes donde no estamos operando lo han hecho o para que la reprogramara para otra temporada menos intensiva.  Sin embargo, no aceptó ninguna de las dos en razón de que “tenemos un cronograma y a su empresa le debió tocar mucho antes”.  Además, era demasiado tarde porque “ya hemos hecho las reservas del viaje”.

Si existe un cronograma de exámenes que debe ser cumplido, está bien.  Sin embargo, debo mostrarme en desacuerdo con los siguientes hechos: (a) la auditoría fue programada con menos de un mes de antelación, (b) fue programada para una época del año en la que estamos extremadamente ocupados y con menos personal, debido a las vacaciones de fin de año, y (c) a pesar de haber estado licenciados desde hace años, nuestra empresa aún no ha iniciado operaciones en el estado ABC, simplemente porque no estamos preparados operativamente para ello.

Según nuestro entender, el propósito de la reglamentación estadual de los remesadoras de dinero es, primordialmente, proteger los derechos de los consumidores del servicio de transmisión de dinero de su estado.  Otros objetivos incluyen determinar la seguridad y solidez financiera de la empresa reglamentada y proteger el sistema financiero de delitos tales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  No es difícil argumentar que no se han visto en peligro los derechos ningún ciudadano del estado ABC, simplemente porque nuestra empresa no opera en ese estado.  El riesgo para los consumidores del estado ABC es inexistente.  Entonces, ¿por qué realizar una auditoría?

Aun si asumimos que tiene sentido realizar una auditoría porque su Departamento necesita establecer, tal como lo manda la ley, la seguridad y solidez financiera de nuestra empresa, ¿por qué tiene que ser en persona y en una temporada tan inconveniente (y costosa desde el punto de vista del viaje)?  En la última reunión de la MTRA en Jacksonville, Florida, se escuchó a varios miembros de la industria quejarse de la falta de racionalidad de ciertas prácticas de los estados, incluida lo que, tal como dijo uno orador sobre el escenario, “vacaciones pagadas para los auditores”.  ¿No cree, Sr. Regulador, que la visita de la Srta. Auditora en la semana de Navidad podría interpretarse como tal y afectar negativamente la reputación de su Departamento?

Por estas razones, le ruego tenga la bondad de reconsiderar (a) realizar la auditoría a la distancia o (b) reprogramarla para una época del año menos intensa.

Espero que comprenda nuestro punto de vista.  Somos un grupo de emprendedores responsables y racionales muy comprometidos con establecer los más altos estándares operativos y de cumplimiento.  Mi intención con esta comunicación y solicitud no es más que aplicar sentido común y racionalidad para el beneficio mutuo de nuestras instituciones y, en última instancia, para el beneficio de a quienes debemos nuestra existencia, nuestros clientes. 

Atentamente,

Juan Llanos

Tras tres semanas de silencio, la agencia regulatoria aceptó realizar la auditoría a la distancia.  Por supuesto, al concluir la auditoría, recibimos una factura detallando los gastos, que ascendían a varios miles de dólares, pero eran considerablemente más bajos por no contener gastos de viaje.

Me pregunto cuán generalizadas son situaciones como esta entre las miles de remesadoras licenciadas en las decenas de jurisdicciones estaduales de los Estados Unidos.

Ya puedo escuchar algunas voces de compasión con los reguladores estaduales o el sector público en general – una actividad poco ingrata y siempre mal remunerada.  Estoy de acuerda con ellas hasta cierto punto pero no tanto como para permitir que sus circunstancias, como las de nadie, justifiquen cualquier tipo de acción u omisión.

Los Oficiales de Cumplimiento de los NSMs trabajan a menudo en ambientes de alta presión, en circunstancias no muy diferentes de aquellas en las que trabaja el sector público.  Ambos, permítanme decirlo, deben su existencia a las leyes y reglamentos que uno cumple y el otro hace cumplir.  ¿Por qué deberían ellos y los negocios que protegen tolerar lo reprensible, especialmente cuando es el sector privado el que sustenta las burocracias públicas a través del pago de impuestos y aranceles?  Una diferencia, sin embargo, es que, si un oficial de cumplimiento no ejerce su cargo de manera profesional y eficaz, pierde su trabajo.  ¿Sucede lo mismo en el sector público?

Espero que los profesionales del cumplimiento se animen a luchar racional y objetivamente contra cualquier cosa que se oponga a su noble misión, tanto si viene de un regulador, auditor, banquero o incluso colega o superior.  Si no lo hacen, serán parcialmente responsables de la corrosión de sus estándares éticos y profesionales y de lo peor que nos puede pasar a todos, la pérdida del sentido común.

Acerca de Juan Llanos

Innovative compliance, operations and technology executive leveraging emerging technologies, management and leadership best practices (and, above all, common sense!) to empower businesses and compliance professionals for success.

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